Observaciones al Proyecto de Ley número 068 de 2018 Cámara, “por medio de la cual se dictan disposiciones para fortalecer el funcionamiento de las personerías en Colombia”.

Afable saludo.
En ejercicio de la vocería de los personeros de todo el país, la Federación Nacional de
Personerías de Colombia, FENALPER, ha acogido con gran expectativa el trámite del Proyecto de
Ley que avanza bajo la consigna de “fortalecer” a las entidades locales del Ministerio Público.
De manera constante, a través de los escenarios de interrelación afianzados con los personeros
y personeras de Colombia hemos logrado evidenciar y transmitir a otras entidades del Estado y
a la opinión pública las carencias que enfrentan las personerías para resolver las múltiples
obligaciones que la normativa les ha impuesto y que, pese a las dificultades, con esfuerzo y
orgullo ejercemos por los ciudadanos y las demás instituciones públicas.
Frente a las personerías, es preciso afirmar que con frecuencia se utiliza una perspectiva
conveniente para categorizarlas. Además, se pierde de vista que existe una única fuente de
financiación, referida a los recursos que se le transfieren desde las alcaldías, dada la
connotación de las personerías de órgano autónomo del municipio o distrito, y que a diferencia
de la administración central, que tiene la posibilidad de ser gestor de sus fuentes de ingresos,
depende exclusivamente de dichos recursos para el cumplimiento de todas sus funciones.
La mayoría de las personerías se encuentran en incapacidad de dar cumplimiento siquiera a los
estándares esenciales de la gestión administrativa interna, pues sus plantas de personal
precarias y su poco margen de maniobra para la contratación de asesores que puedan impulsar
la consolidación institucional, dan cuenta de que, pese a que los Personeros sean funcionarios
del nivel directivo (con todas las responsabilidades que ello implica) fungen en la práctica como
funcionarios de todos los niveles de la administración, con los desgates de talento humano que
ello implica. 

Por otro lado, a pesar de que el artículo 95 de la Constitución Política, en su numeral 4 señala
como deber de TODA PERSONA “Defender y difundir los derechos humanos como fundamento
de la convivencia pacífica”, en el país se ha pretendido estigmatizar a los personeros como
responsables de dicha defensa. Aunque con entereza asumimos tal designación, es preciso
aclarar que al consultar tan solo la ley 136 de 1994, en el artículo 178 numeral 15, se puede
distinguir con claridad que se trata de apenas de una (1) de las veintiséis (26) funciones que esa
disposición relaciona. No obstante, se pierde de vista en cuanto a las funciones de los
personeros que existe una dispersión normativa, las tareas encargadas a las personerías son
numerosas y exigen no solo un esfuerzo personal y profesional de gran magnitud para su cabal
desarrollo sino también una asignación presupuestal mucho mayor.

Es importante destacar que la labor de las personerías tiene un impacto directo en la buena
marcha del Municipio como entidad territorial básica, por lo que fortalecer su capacidad
institucional redunda de manera directa en una mejor vigilancia de la gestión administrativa y
presupuestal de los municipios, sin contar que se amplía el campo de acción en materia de
control a la legalidad de los contratos y de los actos que se expiden, propiciando también el
fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y la disminución del riesgo de daños que

impacten las finanzas públicas.
Por último, valga mencionar que de cara a la ciudadanía, una personería fortalecida es un fuerte
que les sirve de amparo a los colombianos frente al riesgo de vulneración de sus derechos, un
puente de intercomunicación fiable con otras entidades del Estado, y un instrumento de
efectividad de su rol como miembro activo de un Estado Democrático como el nuestro.
Por lo antedicho, los personeros de Colombia, representados en FENALPER, manifestamos
nuestro pleno respaldo al Proyecto de Ley 068 de 2018 Cámara, que se encuentra en estudio

para segundo debate en la Plenaria de la Honorable Cámara de Representantes, buscando
también enriquecerlo a partir de las consideraciones que seguidamente pasamos a formular.

1. SOBRE LOS ARTÍCULOS 1o, 5o, 6o Y 7o DEL PROYECTO DE LEY

Las personerías son entidades con una planta de personal mínima, en ocasiones unipersonal
(solo el Personero), pero con funciones numerosas que requieren la disposición de grandes
cantidades de tiempo, dedicación y recursos económicos, por lo que necesitan, sin duda, contar
con una planta de personal suficiente para cumplir sus múltiples funciones. El proyecto apunta
correctamente en esta dirección.
No sobra mencionar que el fortalecimiento desde las dimensiones presupuestal y de talento
humano de las personerías resulta por completo coherente con el Plan Nacional de Desarrollo,
que en su faceta “Alianza contra la corrupción” anunció como estrategia: “Reducir el riesgo de
corrupción mediante una cooperación más fuerte entre el Gobierno y los entes de control” y 

“promover los mecanismos de denuncia para actos de corrupción, y la seguridad para los denunciantes”.
Las personerías, como órganos de control integrantes del Ministerio Público en la estructura del
Estado, al contar con una planta de personal suficiente, tendrán mayor capacidad de aportar a
la lucha contra la corrupción, la promoción de los derechos humanos, la protección del interés
público y el adecuado cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de municipios y
distritos, logrando así avances importantes desde lo local para el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible: “PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS”.
Por otro lado, vemos con buenos ojos los ajustes normativos promovidos en los artículos 5° y 6°,
mencionando que en el caso de este último se trata de una medida de justicia por la que hace
mucho tiempo los personeros vienen luchando, dado que en muchas ocasiones, diversas
entidades de los órdenes departamental y nacional acuden a la personerías con los conocidos
despachos comisorios, los cuales muchas veces no solo demandan tiempo sino también
recursos, carga que normalmente toca asumir con el presupuesto de las personerías.
De esta manera, los personeros de Colombia solicitamos a la plenaria de la Honorable Cámara
de Representantes la aprobación de los artículos 1o, 5o, 6o y 7o tal como vienen redactados en
la ponencia publicada en la Gaceta del Congreso 422 de 2019.

2. SOBRE LOS ARTÍCULOS 2o, 3o Y 4o DEL PROYECTO DE LEY

Como lo menciona expresamente la ponencia los temas más álgidos de la difícil realidad que
atraviesan hoy las personerías son los “relacionados con el escaso presupuesto, la falta de
herramientas técnicas y tecnológicas, la gran cantidad de funciones y la falta de personal”. En
este sentido, consideramos desde FENALPER que para que el proyecto no se quede corto en la
parte presupuestal requerida para la planta de personal, es necesario incluir en el artículo 2o
una disposición orientada a que, de forma adicional al monto de gastos establecido en el
artículo 10 de la Ley 617 de 2000, se disponga una suma de 50 salarios mínimos para efectos de
garantizar en la práctica la adopción de la planta de personal mínima de que trata este artículo
2o. Por se propone esta redacción de la norma:

Artículo 2°. Estructura interna de las Personerías. Las personerías contarán con una
planta de personal, conformada por al menos, un profesional universitario y un
secretario, siempre que el presupuesto de la entidad permita la respectiva remuneración
conforme a la ley laboral vigente.
El Concejo Municipal determinará, a iniciativa del personero, previa presentación de
estudios de pertinencia y factibilidad, la estructura administrativa, las dependencias y
funciones, las escalas de remuneración de las diferentes categorías de empleos.

Parágrafo: Con el fin de recursos para la planta de personal mínima de las personerías,
las alcaldías municipales garantizarán un monto de 50 smlm anuales a las personerías
de municipios de categorías tercera, cuarta, quinta y sexta. Estos recursos se girarán de
forma adicional a los montos establecidos en el artículo 10 de la Ley 617 de 2000.

De otro lado, el incremento del presupuesto contemplado en el artículo 3° de cincuenta (50)
salarios mínimos a las personerías de municipios clasificados en las categorías tercera, cuarta,
quinta y de setenta (70) salarios mínimos1
para los municipios de categoría sexta, es
indispensable para lograr un verdadero fortalecimiento del Ministerio Público a nivel municipal.
Sobre ese aspecto es necesario precisar la redacción del artículo para dejar claro el monto de las
personerías de municipios de categoría sexta, de acuerdo a lo contemplado en el Proyecto de
Ley original y en la ponencia en un primer momento:

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 10 de la Ley 617 de 2000 el cual quedará de la
siguiente forma:

Artículo 10. Valor máximo de los gastos de los concejos, personerías, contralorías
distritales y municipales. Durante cada vigencia fiscal, los gastos de los concejos no
podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios que se causen por el
número de sesiones autorizado en el artículo 20 de esta ley, más el uno punto cinco por
ciento (1.5%) de los ingresos corrientes de libre destinación.
Los gastos de personerías, contralorías distritales y municipales, donde las hubiere, no
podrán superar los siguientes límites:
PERSONERÍAS
Aportes máximos en la vigencia Porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación
CATEGORÍA
Especial 1.6%
Primera 1.7%
Segunda 2.2%
Aportes máximos en la vigencia en salarios mínimos legales mensuales

Tercera 400 smml
Cuarta 330 smml
Quinta 240 smml 

Sexta 220 smml


CONTRALORÍAS
Límites a los gastos de las Contralorías municipales. Porcentaje de los Ingresos Corrientes
de Libre Destinación
CATEGORÍA
Especial 2.8%
Primera 2.5%
Segunda (más de 100.000 habitantes) 2.8%
Parágrafo. Los concejos municipales ubicados en cualquier categoría en cuyo municipio
los ingresos de libre destinación no superen los mil millones de pesos ($1.000.000.000)
anuales en la vigencia anterior podrán destinar como aportes adicionales a los
honorarios de los concejales para su funcionamiento en la siguiente vigencia sesenta
salarios mínimos legales.

En cuanto al artículo 4°, se considera necesario precisar que los personeros no solo tendrán
derecho al mismo salario y factores salariales aprobados para el Alcalde, sino también a las
mismas prestaciones. Se propone entonces hacer un ajuste en la redacción:

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 177 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará de la
siguiente forma:

Artículo 177. Salarios, prestaciones y seguros. Los salarios y prestaciones de los
personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del
municipio. La asignación mensual de los personeros, será igual al cien por ciento (100%)
del salario mensual aprobado por el Concejo para el alcalde y tendrán derecho a los
mismos factores salariales y prestacionales que rigen para el mismo.
En ningún caso el valor de los salarios y de las prestaciones de los personeros podrá
deducirse del presupuesto asignado para gastos de las personerías distritales y
municipales.
Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta, el cual debe ser
contratado por el alcalde respectivo

Por último, y teniendo en cuenta el contexto nacional y los riesgos de seguridad a los que
diariamente se exponen los personeros, FENALPER propone a la Corporación estudiar la
inclusión de un artículo nuevo, del siguiente tenor:

Artículo 7°. Garantías de Seguridad a favor de los Personeros. La Policía Nacional en
coordinación con la Unidad de Protección evaluará de manera periódica las condiciones
seguridad de los personeros, tomarán las medidas y brindarán las garantías a que haya
lugar, con el fin de conjurar riesgos que puedan atentar contra su vida o su integridad
personal o las de sus familias.

Las modificaciones propuestas por FENALPER como espacio que agremia a todos los personeros
del país se sintetiza en la siguiente tabla:

 

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